La reciente actualización de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ha introducido una serie de modificaciones para potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias, según el Gobierno.
En opinión de la Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante María Teresa Soler Roch, lo verdaderamente significativo de la actualización, más allá de la famosa de la lista de deudores tributarios, son aquellos asuntos relacionados con el aspecto temporal de la aplicación de los tributos, como la prescripción o las actuaciones inspectoras. Con todo, la docente cree que en algunos puntos, la normativa bascula a favor de la Administración, no del contribuyente.
“Es prematuro todavía hacer un juicio cerrado de lo que supondrá en un futuro para la posición de los contribuyentes. Se tendrá que ver con el desarrollo reglamentario y sobre todo con la aplicación práctica de la Ley por parte de la Administración y los conflictos que se puedan generar ante los tribunales,” señala Soler Roch en el siguiente vídeo.